CEOE Ávila, ante el anuncio de la huelga general anunciada por los sindicatos mayoritarios el pasado lunes, se suma a la preocupación expresada por CEOE y CEPYME y, en línea con CEOE Castilla y León, considera de difícil justificación que se trasladen a las empresas y sus trabajadores las consecuencias de una medida de presión motivada fundamentalmente por reivindicaciones que no son de naturaleza laboral, que persigue fundamentalmente provocar cambios legislativos y de índole presupuestario en materia de vivienda.

La organización empresarial recuerda que son éstas cuestiones cuya responsabilidad y competencia corresponden a la administración pública y que, por tanto, quedan al margen de la gestión de las empresas. Utilizar la actividad productiva como instrumento de presión ante cuestiones de carácter político o legislativo supone trasladar al tejido empresarial un coste que no le corresponde y generar una incertidumbre añadida en el normal funcionamiento de la economía.

CEOE Ávila recuerda, además, que las empresas y los trabajadores son quienes soportan directamente las consecuencias económicas y organizativas de una huelga general.

Por otro lado, en un momento en el que los ciudadanos están llamados a pronunciarse sobre estas cuestiones en las urnas el próximo 29 de noviembre, no es de recibo aprovechar la actividad de las empresas y de sus trabajadores para influir en un proceso que debería afrontarse desde el sosiego y la normalidad democrática.

En todo caso, como ya han expresado CEOE y CEPYME, es necesario actuar con prudencia hasta conocer los términos definitivos de la convocatoria. La información disponible hasta el momento es todavía limitada, la huelga está pendiente de ratificación, no se ha concretado una fecha y tampoco se ha formalizado el correspondiente preaviso.